Expertos denuncian que los derechos reproductivos de las camboyanas han sido olvidados por el tribunal que juzga a la guerrilla
Una joven camboyana en una de las cooperativas de trabajo de los setenta. GUNNAR BERGSTRÖMARCHIVOS DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE CAMBOYA)
Souk (nombre ficticio) fue obligada a casarse con un jemer rojo que no había visto nunca antes en una rápida ceremonia de masas que duró menos de cinco minutos. Tras el enlace nupcial, la mujer fue instada a entrar en una habitación para mantener relaciones sexuales con él y, ante su negativa, fue violada a punta de pistola por uno de los oficiales para que accediera a consumar su matrimonio. “Me dijo que si me violaba y gritaba me mataría a tiros”, declaró bajo un pseudónimo ante los magistrados del tribunal que juzga los crímenes cometidos por los líderes de esta guerrilla comunista en Camboya entre 1975 y 1979.
La mujer debía ver a su marido cada 10 o 15 días bajo la vigilancia de los soldados que trataban de asegurarse de que mantenían relaciones maritales. “Después de esa advertencia, después de esa violación, tuve que cerrar la boca y aceptar vivir con mi nuevo esposo”. Souk dio a luz a finales de 1978.
El tribunal, integrado por el Gobierno camboyano y las Naciones Unidas, denominado las Salas Extraordinarias de las Cortes de Camboya (ECCC por sus siglas en inglés), comenzó a escuchar los testimonios de las víctimas de los matrimonios forzados el pasado mes de agosto. Pero Souk es también víctima de los embarazos forzosos, una atrocidad que no va a ser investigada como un crimen distinto pero relacionada al de los matrimonios.
No hay análisis acerca del consentimiento de la mujer, dejando en el olvido los derechos reproductivos de las camboyanas
Las solicitudes de los abogados de las partes civiles han sido rechazadas por los jueces de instrucción para el caso 004 de la investigación [la última sección del tribunal, para el cual todavía se desconoce la fecha] citando cuestiones de legalidad, falta de tiempo y evidencias, una decisión que se hizo pública a mediados de junio de la mano de la Oficina de los Jueces de Instrucción. El tribunal ECCC es el único mecanismo legal que puede juzgar los crímenes cometidos por la guerrilla en los años setenta, incluidos los crímenes de género. Los líderes de los jemeres rojos, hoy octogenarios, están muriendo sin ser juzgados. Su líder, Pol Pot, murió en 1998 sin rendir cuentas.
Cuando los jemeres rojos se hicieron con el poder, en 1975 evacuaron completamente las ciudades, abolieron la religión, la propiedad privada, el dinero y el sistema judicial. Las familias fueron separadas por género y edad a través de la vida completamente colectivizada y enviadas a los campos de trabajo donde debían trabajar de sol a sol para cumplir las inalcanzables cuotas de producción. Se estima que murieron alrededor de 1,7 millones de personas como consecuencia del hambre, las ejecuciones masivas o el trabajo forzado durante los cuatro años del régimen: una cuarta parte de la población.
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LAS VIOLACIONES QUE SUPUESTAMENTE NO SUCEDIERON
La violaciones fuera de los matrimonios forzados se están investigando para próximo caso 004 del tribunal, pero los jueces de la investigación no han llegado a ninguna conclusión hasta la fecha.
Durante años se pensó que apenas habían ocurrido debido a varios mitos. Por un lado, las relaciones sexuales fuera del matrimonio estuvieron prohibidas durante el régimen y clasificadas como actos inmorales. Ambas partes además podían ser ejecutadas de ser descubiertas. Por otro lado, los testigos y víctimas de violación no comenzaron a hablar hasta después de 30 años de las atrocidades como resultado de la abogacía.
Según los estudios realizados por la investigadora Kasumi Nakagawa en 2008 y Katrina Natale en 2011, durante el régimen se llevaron a cabo violaciones en grupo, especialmente antes de las ejecuciones, así como violaciones en las cooperativas, a través de la explotación y esclavitud sexual.
La gran mayoría de los crímenes reportados señalan a los oficiales jemeres rojos y no constan perpetuadores civiles. Los objetivos más comunes fueron los grupos de población perseguidos por el régimen como enemigos, en particular minorías étnicas como la vietnamita y en su mayoría mujeres.
La gran mayoría de las declaraciones recogidas hasta la fecha por el tribunal y la organizaciones que trabajan con los supervivientes señalan que en este contexto cientos de hombres y mujeres, que no se habían visto nunca antes, fueron obligadas a casarse y pasar la noche juntos para consumar su matrimonio. Como resultado de estas uniones forzadas, que se celebraron en todo los pueblos del país, un alarmante número de matrimonios forzados dieron lugar embarazos, pero se desconoce el número concreto.
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“Un número estimado sería imposible, es un tema profundamente arraigado en la cultura camboyana y muchas mujeres no están dispuestas a compartir su historia de vida personal que todavía es percibida por la sociedad como una vergüenza”, expone Youk Chhang, director del Centro de Documentación de Camboya, que ha recolectado más de un millón de informes relacionados con el régimen de los jemeres rojos.
Los fiscales y abogados de las partes civiles sostienen que los matrimonios forzados fueron diseñados en parte para asegurar que la población se duplicaría a 20 millones de personas en una década para conseguir fuerza de trabajo para el régimen y las filas revolucionarias. De este modo, podrían contrarrestar los millones de decesos que comenzaron en 1969 con el bombardeo de Estados Unidos en Camboya en el contexto de la guerra de Vietnam y la sangrienta guerra civil que tuvo lugar entre 1970 y 1975.
Los abogados defensores de los líderes de los jemeres rojos Nuon Chea y Khieu Samphan, quienes ya recibieron sentencias de cadena perpetua en 2014 después de haber sido encontrados culpables de crímenes contra la humanidad, y cuyas sentencia fueron ratificadas el pasado 23 de noviembre, exponen sin embargo que la forma en que el régimen buscaba aumentar la población no fue a través del matrimonio forzoso, sino mejorando las condiciones de vida.
Para Theresa de Langis, especialista en derechos humanos de las mujeres en situaciones de conflicto y postconflicto afincada en Camboya, afirmar que no hay información sobre el expediente que demuestre que la impregnación forzada existió como parte de la política de matrimonio forzado “es un ultraje”. “Los testimonios que se han escuchado hasta la fecha muestran los severos impactos en las salud y la psique de las mujeres como resultado de esta casi inimaginable carga añadida en una época de hambruna masiva, trabajo esclavo y niveles de enfermedad epidémica”.
La Asociación Transcultural Psicosocial de Camboya (TPO por sus siglas en inglés), la única organización que trata los problemas mentales en el país, señala en un informe publicado en 2015 que muchas mujeres supervivientes sufren problemas ginecológicos y de salud como dolores o discapacidades, así como traumas que han tomado muchas formas, como ansiedad, depresiones, flashbacks o ataques de pánico.
Los violaciones provocaron traumas en mujeres y hombres que sucumbían a violar a sus nuevas esposas bajo la amenaza de ejecución
“El calendario de la solicitud está relacionado con la falta de voluntad del tribunal para escuchar todo el alcance de los crímenes de género que ocurrieron. Los defensores desde el principio han tenido que presionar para la inclusión de estos crímenes. Como resultado, el matrimonio forzado y las violaciones dentro de esos matrimonios se han escuchado en el caso 002/2”, expone la experta.
La abogada e investigadora argentina María Lobato, quien trabajó en temas de violencia de género en Camboya y escribió un amplio informe sobre los embarazos forzados publicado en marzo de 2016, expone que juzgar los embarazos forzados como un crimen separado y relacionado a los matrimonios es “completamente posible” bajo las reglas internas del tribunal, pero el juicio “podría ser más controvertido”.
Los embarazos forzados fueron reconocidos como crímenes de lesa humanidad por primera vez en el Estatuto de Roma de la Corte Internacional de 1998, mucho después de la caída del régimen de los jemeres rojos de los años setenta. Pero la ley cuenta con una cláusula que permite también juzgar como crímenes de lesa humanidad “aquellos actos no determinados específicamente en la ley y que pueden ser considerados como actos inhumanos” que está utilizando actualmente el tribunal para juzgar las deportaciones, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, o incluso los matrimonio forzados, sostiene Lobato.
La abogada considera que cada uno de estos crímenes requiere un análisis diferente y concurrente, pero las gestaciones parecen haber desaparecido de la atención tanto de las partes civiles como de los jueces. “Los embarazos forzosos han sido completamente invisibilizados, caracterizando la función reproductiva de la mujer como una consecuencia inevitable de los matrimonios”. Ningún tribunal híbrido o internacional ha perseguido este tipo de crimen hasta la fecha, expone en su informe.